En lo político, el año de 1919 marca la cancelación del régimen civilista y aristocratizante de los Pardo y la consiguiente ascensión al poder de Augusto B. Leguía, quien, gracias a sucesivas reelecciones, retendría el mando supremo hasta 1930. Este período efervescente y contradictorio -mejor conocido como el "Oncenio"- estuvo dominado por la figura rectora de Leguía cuyo gobierno impulsó el progreso material del país mediante el incremento de las obras públicas y la modernización capitalista de nuestra economía fomentando la inversión de empresas extranjeras, principalmente norteamericanas. Investido de una retórica populista, el Presidente Leguía centraba su discurso oficial en el difuso concepto de "Patria Nueva" que contrastaba con los principios de la antigua clase dirigente oligárquica y rentista. Durante los primeros años de la década del veinte, el Estado logró por primera vez sentar las bases de un discurso indigenista oficial que sirvió de referencia para la creación de una Sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento (1921), desde la cual se promovió el Comité Pro-Derecho Indígena "Tahuantinsuyo", ente tutelar encargado de proteger los intereses de las comunidades. De la misma manera, se fundó el Patronato de la Raza Indígena (1922), el cual debía proporcionar un marco legal para la atención de los reclamos comunitarios a fin de evitar nuevas insurrecciones. Sin embargo, la actitud del gobierno frente al "problema indígena" fue contradictoria puesto que si por un lado se enfrentó al gamonalismo; por otro, apoyaba leyes -como la de conscripción vial- que permitían a hacendados y empresarios hacer uso coactivo de la mano de obra indígena. Así, al progresar la década, se irían manifestando las limitaciones de la política indigenista de Leguía. Pero pronto surgirían alternativas políticas e ideológicas al margen del Estado y el indigenismo adquiriría vida propia insertándose dentro de los más variados proyectos políticos.